“La demanda social ha instalado el debate sobre medicina cannábica”

Acerca de la injerencia social de la medicina cannábica y de la inmediata regulación que reclama en el terreno jurídico, su aplicabilidad y utilidad, ofrecieron un pantallazo de los principales ejes que atraviesan el amplio debate sobre la temática.

¿Cuáles son los aspectos más relevantes de la investigación en medicina cannábica que abrieron un nuevo escenario en la clínica bonaerense?

Susana Pasquare: desde 2007, dirijo el Laboratorio de Cannabinología en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas que funciona en el Centro Científico Tecnológico de la Ciudad de Bahía Blanca y que depende del CONICET y de la Universidad Nacional del Sur, donde me desempeño como docente en la carrera de Bioquímica.

Desde ese año, trabajamos en el metabolismo de los cannabinoides endógenos que son moléculas que nuestro organismo fabrica  y  que son similares, en muchos aspectos, a los principios activos  presentes en la planta de cannabis. Nuestro grupo estudia cómo estas moléculas  funcionan en procesos neurodegenerativos como el envejecimiento y en un modelo de enfermedad de Alzheimer, empleando para este fin modelos animales. 

Tuve la suerte de hacer una instancia post doctoral en el Departamento de Enfermedades Neurodegenerativas del Instituto Ramón y Cajal de Madrid, donde se estudió el sistema cannabinoide en cerebros post mortem de individuos que habían padecido esas enfermedades.

Esta experiencia nos permitió volcar gran parte de lo aprendido en la ONG Cannabis Medicinal de  Bahía Blanca, con la que trabajamos mancomunadamente desde hace unos años junto con la Dra. Marisol Bocetti, quien acompaña a pacientes con diferentes patologías que, por decisión propia, deciden seguir alguna terapia cannábica.

En nuestro país, hay distintos grupos que trabajan con derivados de esta planta tratando de establecer qué es lo que ocurre en diversos modelos de diferentes patologías Como en toda investigación básica, es ésta la plataforma sobre la que se construye la investigación clínica y aplicada. Somos un granito de arena dentro la amplia comunidad científica mundial que tiene a su cargo la hermosa tarea de ver qué es lo que produce el  cannabis en distintas patologías o procesos. Si bien a través de nuestras charlas, abordaremos fundamentalmente aspectos moleculares y  terapéuticos, no dejaremos de dar una mirada al aspecto social y legal que van de la mano de lo previamente mencionado.

En relación a lo anterior, ¿consideran que ha habido avances significativos en la salud pública?

En nuestro país, no contamos con una salud pública focalizada hacia el empleo de cannabis como terapia. Hablar de terapia cannábica no es bien recibido aún en algunos ámbitos; en parte, esto obedece a la falta de conocimiento pero también es cierto que tenemos una legislación mínimamente reglamentada al respecto y que no cumple con todas las expectativas que el amplio espectro de usuarios medicinales de cannabis requiere.

Nosotras formamos parte de un grupo multidisciplinario, donde intervienen ingenieros agrónomos, bioquímicos, abogados, médicos, es decir, integrantes de una diversa comunidad científica, donde cada quien realiza sus respectivos aportes. Este conglomerado tiene un único objetivo: la legalización del cannabis como medicina. Sin embargo, no contamos con una política de salud pública que aliente el empleo del cannabis como medicina. Son muchos los esfuerzos que estamos haciendo y que mucha gente hace en distintas partes del país, dialogando con autoridades municipales, provinciales y nacionales, para avanzar en ese sentido.

Afortunadamente, a partir de este año, hemos logrado consolidar una red muy importante –integrada por investigadores del CONICET, usuarios, ONGs y médicos- que ha podido acordar regularmente reuniones con el Ministerio de Salud. Hemos tenido muy buena recepción de nuestras propuestas que incluyen, en líneas generales, una reformulación de la ley vigente sobre el uso del cannabis en investigación y aplicación médica. Habíamos registrado notables avances en el debate sobre este tema pero, lamentablemente, la emergencia sanitaria que impuso el COVID 19, estableció otras prioridades en materia de salud pública. No obstante, es importante destacar el interés genuino que despertaron estos planteos en las autoridades del Ministerio de Salud. Sin duda, nos encontramos con la decisión política necesaria para abordar el tema desde otra perspectiva y estamos muy conformes con esos avances.

¿Consideran que es insuficiente el diálogo entre las leyes vigentes y la regulación del uso medicinal del cannabis?

Sí, de hecho, la ley promulgada hace unos 3 años sólo reglamenta 2 ó 3 artículos respecto a sus usos y aplicaciones. No se aborda el autocultivo, por ejemplo y, si bien se refiere brevemente a quiénes serían los organismos responsables del cultivo, quedó en una mera formulación. Las autoridades salientes, me refiero al gobierno anterior, hicieron caso omiso, a pesar de todas las marchas, movilizaciones y pedidos que se formularon en reclamo de una mayor reglamentación.

En nuestro país, se sigue permitiendo el ingreso de cannabis, no como medicamento sino como suplemento dietario, para el tratamiento de la epilepsia. Se trata de un fármaco que tiene su origen en Canadá o Estados Unidos a precio dólar, inalcanzable por el usuario común y con un único componente. Pero también hay que tener en cuenta que no es sólo la epilepsia la receptora de la respuesta con esta terapia y no solo un principio activo, sino todos los componentes de la planta. Hay un sin número de patologías que son perfectamente tratables con cannabis, complementando a otros tipos de terapias. Este aspecto no está contemplado en la ley, como tampoco lo está el control y la regulación del autocultivo, lo cual  ha generado un mercado negro inescrupuloso del cannabis como medicina. Basta con hacer una búsqueda en la web “cannabis medicinal” para encontrarse con todo tipo de ofertas.

Hace un tiempo, hicimos un estudio estadístico cuyo trabajo final ganó un premio en la Expo Cannabis del año pasado. Consiste en un relevamiento en Bahía Blanca sobre la gente que accedía a este tipo de tratamientos, del origen y la calidad de los productos utilizados. Muchos eran de origen desconocido, otros de cultivadores ajenos a la persona que aportaba la muestra, otros eran propios…no había control de ninguna naturaleza y la gente se administraba esos compuestos derivados de cannabis sin saber lo que estaban tomando y, por lo general, no era lo que necesitaban para la patología que pretendían tratar.

Mientras no esté bien regulado este escenario, sobre todo por las autoridades sanitarias competentes, vamos a seguir lamentando este tipo de imprudencias

¿Cómo definirían la demanda social en relación al tema? ¿Consideran que existe un vacío legal en la implementación y que ello configura un escenario donde conviven todo tipo de discursos?

El debate sobre cannabis ocupa el lugar que ocupa en la actualidad y se está discutiendo básicamente por la demanda social. Es la gente quien con sus necesidades acude al médico y le cuenta lo que está tomando, cómo se resuelve, averigua si está contraindicado, si puede continuar o no. Afortunadamente, a pesar de que cada uno responde a los parámetros de su propia comunidad científica, no perdemos de vista que la mirada multidisciplinar nos enriquece a todos. Para nosotros, es fundamental acercarnos desde la investigación básica a la aplicabilidad que analizan los médicos clínicos y para ellos es enriquecedor ver lo que sucede a nivel molecular.

El relevamiento anteriormente mencionado también fue presentando ante la Sociedad de Farmacología Experimental y reafirma muchos de estos aspectos que configuran la realidad actual. La gente, en la mayoría de los casos desconoce el origen del producto al que accede y mucho menos tiene poca idea de su composición y contenido.

Sin embargo, la demanda social y los movimientos sociales que alientan esta demanda es extrapolable a lo largo y ancho del país. El Instituto al cual pertenezco cuenta con la tecnología y los recursos humanos idóneos para llevar adelante la cuantificación de los derivados de cannabis, razón por la cual, presentamos un pedido al CONICET para contar con un STAN que fue aprobado en febrero de este año. Desde entonces hacemos las cuantificaciones de derivados de cannabis sobre cogollos, aceites, tinturas y cualquier otro tipo de derivados. Creemos que se trata de dar una respuesta a esa demanda y que desde la investigación se le brinde a la gente la solución a una necesidad social concreta. En definitiva, es la sociedad quien sostiene la investigación con el pago de sus impuestos y creo que vale la pena abrir el juego en este sentido, ya se trate de esta temática o de otras de interés público.

 Hay un marcado déficit legal porque no tenemos reglamentada la ley en los términos que lo requiere esta problemática. Se sigue arrestando a individuos que cultivan para sus patologías o las de un familiar, porque la ley vigente no contempla todos los aspectos que tiene que contemplar: es una ley que maltrata a los usuarios de cannabis medicinal.

A pesar del abordaje multidisciplinario que realizamos desde nuestra ONG los aspectos insuficientes del marco legal naturalmente admiten la multiplicidad de discursos y de versiones en relación al cannabis medicinal. De todas maneras, creemos que estamos mucho mejor respecto al año anterior y mucho más al momento en que se implementó la ley. La apertura mental de los funcionarios que están a cargo de las instituciones públicas es totalmente diferente, ya no parece tan lejana la posibilidad de regular y legalizar el uso medicinal del cannabis, del autocultivo, las condiciones de mantenimiento y de extracción todo lo cual modifica los contenidos de los compuestos.

Cómo inscribirse

Los matriculados y matriculadas del Colegio Departamental interesados en participar de esta propuesta podrán inscribirse vía mail a [email protected]. La actividad es no arancelada para abogados y abogadas colegiados en este Departamento.