En ocasión del 17 de mayo, Día mundial de Lucha Contra la Discriminación por orientación sexual e identidad de género.

Este Proyecto exige el cupo del uno por ciento (1%) en todos los cargos de la Administración Pública Municipal para designar a personas trans (travestis, transexuales y transgénero), abarcándose el personal de planta permanente, temporaria, designación transitoria y todas las modalidades de contratación de la administración pública e incluye al Estado Municipal, sus órganos descentralizados y autárquicos, empresas del estado o subsidiarias por él y empresas privadas concesionarias de servicios públicos.

Durante el kirchnerismo se lograron avances importantísimos en materia de legislación sobre inclusión y ampliación de derechos. La Ley de Identidad de Género y la de Matrimonio Igualitario son los dos grandes derechos ganados al patriarcado en los últimos años a través de la larga lucha que llevamos adelante las organizaciones y movimientos que militamos por la igualdad de género. Pero también lo son el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable; la inclusión previsional, que tiene un 75% de mujeres titulares de este derecho y permitió a muchas sin aportes recibir una jubilación; la Ley de Educación Sexual Integral y la Asignación Universal por Hijo, extendida a las mujeres embarazadas a partir del tercer mes de gestación.

Una de las últimas conquistas fue la Ley Nº 14.783 -Diana Sacayán- de la Provincia de Buenos Aires (2015) que establece que el Sector Público de la Provincia de Buenos Aires debe ocupar, en una proporción no inferior al uno por ciento (1%) de la totalidad de su personal, a personas travestis, transexuales y transgénero, pero sigue sin cumplirse, aunque 24 municipios de la provincia mantengan la ordenanza sancionada, comprendiendo que la ley garantiza un derecho básico: el trabajo.

Hoy el panorama sigue siendo desalentador ya que las personas trans siguen siendo uno de los grupos sociales más vulnerados y afectados por la discriminación y son sistemáticamente excluidos de todos los ámbitos de socialización y maltratados por los mecanismos de discriminación institucional, como por ejemplo en el acceso a la salud o en el hostigamiento permanente que reciben de las fuerzas de seguridad. Dicha exclusión, tiene como consecuencia que solo el 20% de las personas trans finalicen la escuela secundaria y casi el 100% de las personas trans no tiene acceso al mercado formal de trabajo, por lo cual, como opción laboral el 92% ha debido “optar” por la prostitución y solo un mínimo porcentaje ha tenido acceso al mercado informal.

Por todo esto, sé entiende que la población trans requiere políticas públicas específicas que garanticen el pleno acceso, permanencia y desarrollo en el mercado laboral formal. Para ello el Estado debe intervenir generando las acciones necesarias para que estas intenciones se traduzcan en oportunidades concretas, de modo que el derecho al trabajo digno no devenga en mera intención discursiva.