El trabajo pericial fue hecho en dos oportunidades por los instructores contadores del Departamento Judicial de la Procuración General.

Para este trabajo técnico, los especialistas –mediante los oficios correspondientes-pidieron información a la AFIP; al Tribunal de Cuentas y al Registro de la Propiedad, entre otros organismos.

La funcionaria, recibió el peritaje que presentaría inconsistencias entre sus valores fiscales y reales; y señalaría incrementos patrimoniales significativos no justificados entre los años 2009 y 2012.

A esto se agregaría una pericia de tasación hecha por martilleros judiciales que advierte la existencia de un importante incremento patrimonial debido a las mejoras y refacciones hechas en esos inmuebles.

De hecho, sobre este último punto, hubo denuncias que están dentro de la instrucción por el abuso de maquinarias municipales y de explotación de personal municipal para trabajos particulares de la familia cuando Simón era intendente.

A Simón se lo procesaría al tener en cuenta el Artículo 268 del Código Penal que castiga el enriquecimiento irregular si uno es funcionario público. Y a sus hijos, como las personas interpuestas.

Entre los puntos investigados, hay una pregunta que no tuvo una respuesta: si Simón en su gobierno forzaba a la gente a vender sus casas.

A favor, el exmandatario y su entorno demostraron que no hubo irregularidades en el modo de adquisición de los inmuebles, se ubicó a todos los propietarios y ninguno tuvo nada para decir.

El problema, es de donde emergió el dinero para comprarlos pues esas pericias no cierran al constatarse que en varios años el patrimonio no les daba. Los ingresos no justificaban las compras.

Se determinó el patrimonio de cada uno de ellos y se hicieron análisis del flujo de fondos que dieron negativos. Coloquialmente, esto significa que los egresos fueron mayores a los ingresos.

Lo cierto es que para este análisis encabezado por el perito contable Gustavo Terrile hay irregularidades, inconsistencias o incongruencias.

El caso es muy complejo y se inició en plena campaña electoral de 2011 después de que los particulares Raúl Mosca del PRO y Claudio Carnevale del massismo pidieran “investigar a exfuncionarios municipales ante la presunción de que se habrían quedado con casas bajo extorsión y otros mecanismos reñidos con lo legal”.

Mosca y Carnevale pretendian que el Concejo Deliberante formara una comisión investigadora, una propuesta que fue rechazada.

Uno de quienes votó en contra de la formación de esta comisión, fue quien después radicó la denuncia en la Justicia, que es la que ha producido novedades en las últimas horas con las medidas respecto de la familia Simón.

Se trata de Gustavo García (lo acompañó Laura Hernández) del bloque de entonces de la Coalición Cívica. Insólitamente, hoy ambos integran el bloque de Cambiemos.

Las presuntas irregularidades surgidas de la pericia de la Procuración situarían a la fiscal en un lugar clave: pedir el procesamiento pues considera que hay elementos suficientes para estimar que el imputado es culpable de haber cometido delito.

Días atrás, el exmandatario comunal (1995/2009), y sus dos hijos, Matías y Guillermina, debieron someterse a los alcances del Artículo 308 al ser llamados a declarar.

Debieron dejar sus huellas dactilares en dependencias de la Sub DDI Bolívar, y fueron citados por la fiscal Laura Margaretic de la UFI 2 del Departamento Judicial de Azul.

Pero la indagatoria que estaba prevista para el 21 de setiembre fue pospuesta porque uno de los abogados de la familia Simón, el veinticinqueño Gustavo Armando Farina, hizo un planteo de nulidad que fue analizado y rechazado por el Juzgado de Garantías de la jurista Carolina Bonato Busti.

La funcionaria determinó que el trabajo de la fiscal no vulneraba las garantías constitucionales.

Ahora, el mismo planteo fue presentado por Farina en la Cámara de Apelaciones que se expediría antes de fines de octubre.

Si esta instancia ratifica la resolución del Juzgado de Garantías, se estaría frente a la conclusión de la Investigación Penal Preparatoria (Etapa de Instrucción) y la fiscal Margaretic estará en condiciones de procesar a Simón por enriquecimiento ilícito y pedir la elevación de la causa a juicio oral.

Fuente: InfoBis