“El gobierno indicó que tomó la decisión de que aumenten las tarifas para que haya más inversión y, de esa esa forma, se mejoren los servicios públicos, pero fracasó en esta estrategia. Lo que sí sucedió fue que hubo una transferencia de recursos a las empresas, y nadie las controla”, expresó Lorenzino.

La audiencia se enmarcó en el reclamo hecho por la Defensoría, jefes comunales y el CEPIS para que la Justicia obligue al Estado a definir tarifas que no afecten la economía de los usuarios.

“Siempre dijimos que las tarifas se podían aumentar, pero los incrementos debían ser razonables, progresivas y proporcionales, y además debían llevarse a cabo inversiones. El gobierno tuvo la oportunidad de hacerlo bien, pero siempre saldó las diferencia a favor de las empresas”, indicó Lorenzino.

La apertura del encuentro estuvo a cargo del intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, quien aseguró que “lo que estamos planteando es un país en el que se puedan pagar las boletas de luz y de gas con el trabajo de cada uno y no que nos corten los servicios porque las tarifas son abusivas e injustas. El gobierno nacional no sabe ni quiere solucionar esta situación”.