"La capacitación en valores democráticos y republicanos para los jóvenes es potestad de la educación pública y no de las fuerzas de seguridad. Esta propuesta tiene más que ver con la campaña electoral que con el interés genuino por los chicos en situación de vulnerabilidad", indicó el Defensor.

Lorenzino opinó, además, que la iniciativa va en contra de los objetivos que establecen la Ley de Educación Nacional 26.206; la Ley de Educación Provincial 13.688, en donde la educación es un derecho personal y social garantizado por el Estado; la Convención Internacional de los Derechos del Niño y todas las políticas sobre niñez y adolescencia.

"Los recursos del Estado tienen que destinarse al cumplimiento de los derechos que tienen los miles de jóvenes que no estudian ni trabajan, pero desde una mirada más integral y respetando los principios establecidos en nuestras principales normas", expresó el Defensor. 

En relación a las políticas del gobierno para este sector social, Lorenzino denunció una "evidente falta de programas de empleo y formación laboral que faciliten el acceso de los jóvenes al mundo del trabajo", y criticó el recorte de presupuesto en el área de niñez y adolescencia.