Estuvieron en la Audiencia los diputados del Frente de Izquierda, dirigentes sociales y políticos, organizaciones de DDHH, dirigentes de sindicatos, juntas internas y delegados de distintos lugares de trabajo, como la AGD-UBA, Ademys y el SUTNA. Enviaron su adhesión y saludo Nora Cortiñas y Elia Espen, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Silvia Martínez Cassina, delegada de Canal 13-TN del SIPREBA, y las actrices Cristina Banegas; Mirta Busnelli; Laura Azcurra; Ana María Castel; Alicia Muxo; Pipi Onetto; Carolina Fernández; Natalia Badgen y Anabel Cherubito.

Patricia Jure relató los hechos y dijo: “Se nos acusa de 'perturbar el orden de la sesión legislativa', el día del tratamiento de un Proyecto de Ley de reforma jubilatoria que representaba un robo a los trabajadores municipales, porque aumentaba la edad jubilatoria y los aportes, entre otras medidas, que era masivamente rechazada. Los que 'perturbaron el orden' fueron los bloques políticos que promovieron la aprobación de la reforma previsional, cuando decidieron reprimir brutalmente la movilización que la rechazaba y vallar el Concejo Deliberante, impidiendo la entrada de los trabajadores y la mía propia, cuando en ese momento era concejala en mandato. Los gases llegaban hasta adentro del recinto. Ellos mismos debieron suspender la sesión y luego votaron una reforma parcial con otra represión brutal. Esta causa es un amedrentamiento, no tiene otro fin que desestimar las luchas de los trabajadores en defensa de sus derechos y de quienes ponemos nuestras bancas al servicio de las mismas”.

La Audiencia también se pronunció por la libertad de los trabajadores de Luz y Fuerza de Córdoba, así como de los compañeros procesados-detenidos por luchar.

Del Plá dijo: “La causa que impulsa el intendente de Cambiemos, Pechi Quiroga, es muy peligrosa porque es para aleccionar a todo el movimiento popular que enfrenta el ajuste. La perspectiva de los capitalistas es descargar la crisis sobre los trabajadores, pagando el default con nuestros salarios y jubilaciones. Es el libreto del FMI para que los trabajadores paguemos la crisis. Para eso necesitan el control social, de ser necesario, a los palazos y con el Código Penal en la mano. La causa armada contra Patricia Jure va de la mano con el encarcelamiento de Daniel Ruiz; la imputación de once manifestantes, entre ellos el senador Da Vila de Mendoza, donde están también procesados numerosos docentes, como la compañera Raquel Blas, que tiene una sentencia en contra; la amenaza de abrir una causa al dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni, etc. Vamos a seguir contra esta gran campaña para lograr la anulación de esta causa amedrentadora”.