“Actualmente no existe ninguna legislación provincial respecto a esta práctica, sino que hoy cada municipio regula la manera en la que se aplican estos productos en la zona agraria de sus distritos, lo que entendemos que está mal”, sostuvo Lorenzino.

En ese sentido, el Defensor del Pueblo sostuvo que “es imperioso que se ponga en agenda establecer un marco regulatorio único para las fumigaciones, sin que se deje de estimular la producción, pero con la mirada puesta en la salud de la población y del medio ambiente”.

Esta postura se apoya en el trabajo que lleva adelante la Defensoría en todo el territorio provincial. Mediante jornadas de capacitación y talleres en diferentes ciudades, el organismo nucleó a distintos actores para definir criterios que sirvan de apoyo a una normativa unificada, además de fomentar la agroecología como una alternativa a la problemática actual del uso de agroquímicos.