Este Proyecto exige el cupo del uno por ciento (1%) en todos los cargos de la Administración Pública Municipal para designar a personas trans (travestis, transexuales y transgénero), abarcándose el personal de planta permanente, temporaria, designación transitoria y todas las modalidades de contratación de la administración pública e incluye al Estado Municipal, sus órganos descentralizados y autárquicos, empresas del estado o subsidiarias por él y empresas privadas concesionarias de servicios públicos.

Las personas trans son uno de los grupos sociales más vulnerados y afectados por la discriminación que tiene como consecuencia que solo el 20% de las personas trans finalicen la escuela secundaria y casi el 100% de las personas trans no tiene acceso al mercado formal de trabajo, por lo cual, como opción laboral el 92% ha debido optar por la prostitución y solo un mínimo porcentaje ha tenido acceso al mercado informal.

Desde Unidad Ciudadana militamos por un feminismo nacional, popular y abolicionista, que considera a la prostitución como una de las peores formas de violencia de género y entendemos al trabajo como un derecho humano básico del cual ninguna persona puede ser privada, pero para esto se requieren políticas públicas específicas que garanticen el pleno acceso, permanencia y desarrollo en el mercado laboral formal. El Estado debe intervenir generando las acciones necesarias para que estas intenciones se traduzcan en oportunidades concretas, de modo que el derecho al trabajo digno no devenga en mera intención discursiva.