La intervención del organismo, que conduce Guido Lorenzino, se dio luego de una serie de quejas a partir de casos judicializados en los que son las empresas o dependencias estatales las que retienen al empleado el importe que debe pagar por cuota alimentaria y se lo deben transferir a las beneficiarias, pero que actualmente no están haciendo los depósitos correspondientes.

También se detectaron situaciones de personas que no cuentan con una tarjeta de débito y que no pudieron cobrar en forma presencial debido al aislamiento obligatorio impuesto para frenar el avance del coronavirus.

“Estamos ante una situación muy delicada, agravada por la cuarentena. Se trata de una vulneración de derechos, por lo que es necesario encontrar mecanismos para resolver esta situación de inmediato”, sostuvo Lorenzino.

Además de solicitar que se solucione esta situación, la Defensoría le recomendó a los empleadores que, de encontrar algún obstáculo para cumplir con esta obligación, se pongan en contacto para encontrar los canales para resolverlo. 

A su vez, convocó a las mujeres que se encuentran en esta situación a realizar el reclamo correspondiente en el organismo por medio de las diferentes vías de contacto.