Ante el comienzo de un nuevo ciclo lectivo, somos los docentes lo que más queremos volver a las aulas; pero con las condiciones adecuadas, sobre todo resguardando a los alumnos y sus familias. En el año 2020, la continuidad estuvo garantizada por los docentes y las escuelas estuvieron abiertas para la entrega del bolsón de alimentos (que no alcanza a cubrir la alimentación básica de una familia), demanda que creció mes a mes. En todo ese tiempo, no se hicieron obras previendo la continuidad de la pandemia, ni se dieron elementos tecnológicos para alumnos y docentes.

Los docentes, usamos nuestros recursos económicos para sostener la educación virtual, el gobierno no destinó un centavo para garantizar conectividad, dispositivos, ni nombró al personal docente necesario. Lo único que hizo fue precarizar aún más el trabajo docente (PIEDAS, ATR).

Por eso, es central que seamos nosotros los que participemos en la elaboración de los protocolos, porque vamos a ser junto a los alumnos, los que estemos en las aulas. Es necesario, organizarnos junto a las familias y estudiantes para que las escuelas no sean focos de propagación del virus.

Como docentes, consideramos que el aula es irremplazable; pero queremos debatir cuáles son las condiciones necesarias para un regreso, respetando las condiciones sanitarias y epidemiológicas ante la incertidumbre que genera un posible rebrote o segunda ola de COVID-19. En este sentido, sabemos de la necesidad y deseo de muchas familias que quieren el retorno de sus hijos a las escuelas, que choca con ciertos grupos auto convocados, quienes lanzaron una campaña extorsiva contra la docencia y sindicatos, desconociendo condiciones básicas de cómo se encuentran las escuelas y la falta de presupuesto para la educación. A su vez, los gremios del FUD avalan las decisiones del gobierno y dejan todo en manos de la situación sanitaria para el regreso a la presencialidad. Los protocolos deben ser claros y deben tener en cuenta la opinión de los docentes.

Consideramos que el grado no puede ser “burbuja” cuando trabajamos con diferentes grupos de estudiantes y no se garantiza la distancia social mínima en el aula. Hay protocolos estrictos con distanciamiento social en bares, comercios y toda actividad.

Entonces, ¿Por qué no se toman las medidas para garantizarlos en las escuelas y colegios? ¿O no importa que se contagien docentes, alumnos, madres, padres y abuelos? ¿Nuestra salud no vale?

En provincia de Buenos Aires, se propone un funcionamiento mixto (presencial y virtual) pero no han trabajado ni la cantidad de docentes necesarios ni la infraestructura para funcionar en diferentes “burbujas” como sugieren algunos, ni una discusión pedagógica sobre los contenidos, ni sobre la didáctica. En el nivel secundario, no hay plan cuando sabemos que los docentes “taxis”, que van de una escuela a otra para poder llegar a fin de mes, estamos expuestos a estar con 4 o más “burbujas” en distintas escuelas y expandir el virus. La cuestión de infraestructura es innegable: Acondicionamiento, refacción y realización de obras en las de escuelas (baños, agua potable, ventilación, higiene).

Según el plan del gobierno, estos grupos irán rotando y se combinarán con la virtualidad, y la incorporación de nuevos grupos sería progresiva. Esto supone dos cuestiones importantes que no están resueltas y que dan cuenta de la improvisación en materia educativa durante la pandemia.

Por un lado, las condiciones de los edificios escolares que previo a la pandemia estaban en condiciones nefastas y durante todo el 2020 no han tenido mantenimiento. Cerca del 40% de las escuelas no estarían en condiciones de comenzar el ciclo lectivo por no garantizar las condiciones de higiene y seguridad necesarias como la provisión de agua y correcta ventilación de los edificios entre las más elementales. Ninguna clase se puede dar en los pasillos. Es necesario garantizar espacios abiertos y ventilación en todas las aulas.

Por otro lado, se necesita conectividad para docentes y alumnos. Para la bimodalidad, se necesitan dispositivos tecnológicos y conectividad gratuita para docentes y estudiantes.

Partimos de que el 73% de las familias no acceden al servicio de internet. A su vez, el 47,9% de los niños y adolescentes de entre 3 y 17 años no tiene acceso a una computadora, y un 53, 6% no tiene acceso a internet o lo tiene con déficit.

La pandemia mostró, de forma aguda, profundas desigualdades sociales. En Buenos Aires, más de la mitad de niños y adolescentes son pobres. La mitad de los estudiantes no tienen acceso a dispositivos e internet y con el correr de los meses, más familias se acercaban a las escuelas para retirar alimentos. Esto no hizo más que marcar desigualdades, quedando las familias más vulnerables, lejos de una educación de calidad. Pasó un año, y no se avanzó ni se invirtió nada en este sentido.

El presupuesto en educación cada vez es más chico y ese reajuste tiene que ver con el pago al FMI, en 2020 se destinó 8 veces más al pago de la deuda que lo que se va a poner en infraestructura escolar en el 2021. La baja en la paritaria docente y ajustes en todos los trabajadores (sumamos a los jubilados) tiene que ver con este plan de pago al fondo y darle la espalda a los trabajadores.

Otro de las cuestiones a resolver es el tema del trabajo docente. El año pasado, hubo una sobrecarga laboral. Con este sistema mixto, ¿Cómo hará un profesor que trabaja en 4 ó 5 escuelas? La contracara, son los miles de docentes y auxiliares que trabajan de forma precaria.

Ante esta situación, es difícil pensar en la presencialidad. Los protocolos están lejos de la realidad y sin inversión en infraestructura es casi imposible. Se necesita tener condiciones claras y la participación en las mismas de los docentes. El gobierno tuvo tiempo para preparar y encarar un año con estas características y no hizo nada. Los principales responsables de esta situación, como de posibles contagios en las escuelas por querer volver sólo con anuncios vacíos, serán los funcionarios nacionales, provinciales, regionales y municipales. ¡A hacerse cargo!