Desde el espacio señalaron que, por su alcance y su impacto en la vida cotidiana, la iniciativa requiere un tratamiento amplio que incorpore la participación de vecinos, instituciones y organizaciones locales.

En ese sentido, remarcaron que el proyecto incluye aspectos que merecen un análisis profundo y debate público, por lo que consideran necesario habilitar instancias institucionales de participación que permitan enriquecer la propuesta y fortalecer su legitimidad democrática.

“Un Código de Convivencia no es un trámite administrativo: define reglas de vida común y necesita ser discutido con la comunidad”, expresó el referente local Juan Urrutia.