En los últimos días, médicos de cabecera de todo el país iniciaron un paro de 72 horas en reclamo por mejoras en los honorarios y condiciones laborales, denunciando que el nuevo esquema de pagos de PAMI resulta insuficiente para sostener la atención en consultorios. En concreto, la resolución 1107/2026 eliminó la consulta presencial como unidad de ingreso, desvalorizando el acto médico y diluyendo la relación médico-paciente dentro de un esquema de pago fijo que concentra múltiples prestaciones en un monto cerrado, sin contemplar la complejidad ni el volumen real de trabajo.

Esta modificación implica, además, una reducción significativa de los honorarios, que pasan de aproximadamente $2.100.000 a $1.400.000 mensuales por jornadas completas. A ello se suma la eliminación de incentivos vinculados a la formación profesional continúa, debilitando la calidad del sistema y desalentando la capacitación permanente de los médicos.

En este marco, el Colegio de Médicos bonaerense denunció que el sistema presenta niveles críticos de desfinanciamiento y advirtió sobre sus consecuencias sanitarias. Según expresaron, los valores actuales de cápita representan “una cifra indigna que no cubre ni los costos básicos de una sola consulta”. Según consideraron, esta situación sumada a las deudas millonarias existentes con los prestadores, está llevando a los profesionales a abandonar el sistema: “El Estado está empujando a los prestadores a retirarse de las cartillas, y poniendo en alerta a los médicos de cabecera quienes dejarán de prestar servicios por la imposibilidad de cubrir los gastos mínimos de manutención de consultorios”. sostuvieron en un comunicado.

En esta línea, la entidad alertó sobre las consecuencias directas en la población afiliada: “Al asfixiar a los prestadores, el Estado está dejando a los jubilados sin cobertura real. Es un abandono de persona institucionalizado hacia la población más vulnerable de nuestro país”, consideraron.

Además, el Colegio de Médicos remarcó la responsabilidad indelegable del Estado al expresar que “la salud de nuestros mayores es una obligación constitucional e indelegable. No se puede hablar de salud pública mientras se liquida la dignidad de quienes la sostienen”.

Finalmente, el comunicado concluyó advirtiendo que “no hay salud pública sin médicos dignos. No hay justicia con jubilados desprotegidos”, y exigió respuestas urgentes ante una crisis que, según afirmaron, ya compromete el funcionamiento del PAMI en todo el país.