La iniciativa, que corresponde al jefe del bloque de diputados provinciales de la Coalición Cívica, Andrés De Leo, crea un Régimen de Recupero de Costos Operativos por Falsas Amenazas en Establecimientos Educativos en la provincia de Buenos Aires.

El proyecto “ surge frente a la reiteración de amenazas de bomba y falsas alertas en escuelas, situaciones que generan evacuaciones, angustia en las familias, interrupción de clases y un importante despliegue de recursos públicos ”, se indicó en un comunicado.

El proyecto establece que quienes realicen estas amenazas deberán hacerse cargo de los costos que provocan, incluyendo la intervención de fuerzas policiales, brigadas especializadas, bomberos y servicios de emergencia.

Asimismo, se dispone que el monto a reintegrar será determinado mediante un procedimiento administrativo fundado, con criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

En caso de que los autores sean menores de edad, la responsabilidad recaerá en sus padres, tutores o responsables legales, conforme a la normativa vigente.

El proyecto g arantiza el debido proceso, contemplando notificación fehaciente, derecho de defensa y un plazo para el pago voluntario. De no cumplirse, el Estado podrá avanzar por vía de ejecución fiscal a través de la Fiscalía de Estado.

La propuesta también prevé la creación de un Registro Provincial de Incidentes de Amenazas en Establecimientos Educativos, con el objetivo de sistematizar la información, fortalecer la prevención y mejorar la toma de decisiones.

La clave: “poner límites”

Desde el equipo del senador De Leo destacaron que la iniciativa no introduce nuevas sanciones penales -ya contempladas en el Código Penal de la Nación Argentina- sino que busca garantizar que el Estado pueda recuperar los recursos utilizados ante falsas alarmas, promoviendo un uso responsable de los mismos.

“Cuidar la educación también es poner límites. Cada falsa amenaza tiene un costo económico, pero sobre todo un costo humano que no podemos seguir naturalizando ”, señala De Leo en la iniciativa.

El proyecto invita además a los municipios bonaerenses a adherir y establece que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley dentro de los 60 días de su eventual promulgación.

Agencia DIB